Hugo Auradou y Oscar Jegou, jugadores de rugby de Francia, quedaron definitivamente sobreseídos luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazara el recurso de casación presentado por la querella y confirmara las decisiones de las instancias anteriores.

La causa se inició el 8 de julio de 2024, pocas horas después de que ambos deportistas participaran de un encuentro internacional entre las selecciones de Francia y Argentina en Mendoza. Una mujer que los había conocido esa noche en un local bailable los denunció por abuso sexual. Auradou y Jegou permanecieron privados de su libertad durante casi un mes, hasta que la Justicia los autorizó a regresar a su país.

En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Elenora Arenas dictó el sobreseimiento. La querella apeló esa resolución y cuestionó, entre otras cosas, la valoración de la prueba y la actuación del Ministerio Público Fiscal. En febrero de 2025, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción de Mendoza confirmó el fallo: sostuvo que "la evidencia fílmica, los testimonios recabados, los peritajes médicos y psicológicos, así como los propios mensajes de la denunciante en las horas y días posteriores a los hechos" habían desvirtuado la hipótesis acusatoria.

La Suprema Corte, con la firma de los jueces Dalmiro Garay Cueli, Norma Llatser y José Valerio, cerró el proceso en la misma dirección. El tribunal consideró que los planteos de la querella no lograron demostrar una valoración arbitraria de la prueba ni señalaron medidas pendientes de producción que pudieran revertir el cuadro probatorio. La sentencia indicó, además, que ninguno de los testigos que tuvo contacto con la denunciante antes, durante o inmediatamente después de los hechos aportó información que corroborara su versión.

Tras conocerse el fallo, Rafael Cúneo Libarona, abogado de los deportistas, afirmó que "los rugbiers han recuperado su prestigio" y que "la mentira no puede ser gratis". Anticipó acciones legales: "La denunciante y su abogada responderán cada una por sus mentiras y mala praxis profesional", sostuvo.

El caso abre interrogantes sobre los límites y consecuencias del proceso penal cuando la acusación no logra sustentarse en prueba objetiva. ¿Qué mecanismos debería tener el sistema para proteger tanto a las víctimas reales como a los acusados cuando la evidencia no respalda los cargos?