Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Estado argentino sumó capacidades para vigilar espacios públicos y digitales. Reconocimiento facial, análisis de redes sociales, drones y sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de datos forman el núcleo de lo que Amnistía Internacional describió como una expansión sostenida de la infraestructura de vigilancia, sin mecanismos proporcionales de rendición de cuentas.

La organización revisó expedientes, órdenes de compra y pliegos técnicos, seleccionó once contrataciones nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, realizó cuatro pedidos de acceso a la información y entrevistó a 21 personas entre periodistas, activistas, jóvenes, jubilados y defensores de derechos humanos. Algunas respuestas oficiales fueron parciales; en ciertos casos las autoridades invocaron razones de seguridad nacional o secreto de inteligencia.

Entre las herramientas identificadas aparecen Clearview AI, usada para reconocimiento facial, y Maltego, que permite cruzar información de redes sociales con otras fuentes abiertas. El informe también documentó la adquisición de 69 drones y cerca de un millón de dólares destinados a esos equipos y su infraestructura, con evidencia de uso durante protestas frente al Congreso.

Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía en inteligencia artificial y derechos humanos, explicó que el cambio respecto de formas anteriores de vigilancia está en la escala y en la posibilidad de conectar tecnologías y bases de datos que antes funcionaban por separado. "Las tecnologías digitales permiten capturar información y focalizar personas a una escala que antes no existía", señaló. "El simple hecho de participar de la vida pública puede exponerte a vigilancia impulsada por IA."

Mahmoudi también advirtió sobre lo que llamó el efecto de "droga de entrada" de los modelos de lenguaje: "Una vez que aceptás que la IA puede solucionarlo todo, empezás a usarla para vigilancia o para intentar determinar preventivamente quién puede cometer un delito."

El informe adopta un enfoque que analiza las herramientas junto con las normas que habilitan su uso, los organismos que reciben los datos y los proveedores involucrados. Una de sus advertencias centrales apunta a la falta de transparencia: las autoridades distinguen entre reconocimiento facial en vivo y retrospectivo, pero el segundo también requiere grandes bases de imágenes para identificar personas.

No existe evidencia pública de un contrato entre el Estado argentino y Palantir, compañía de análisis de datos para gobiernos y fuerzas de seguridad cofundada por Peter Thiel, aunque la visita de Thiel al país y una inversión de 76 millones de dólares de su fondo en la empresa Vista mantuvieron el tema en discusión.

¿Qué controles considerás necesarios antes de que el Estado incorpore una nueva herramienta de vigilancia digital?