La jueza de Garantías de Pilar Andrea Rodríguez Mentasty firmó en las últimas horas la prisión preventiva de Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles, titulares de la concesionaria Autos Pilar Premium. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la investigación.

Los imputados enfrentan cargos de asociación ilícita en calidad de jefes, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel.

La magistrada fundamentó su resolución en dos riesgos procesales: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. En el primer punto, señaló "la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados y la logística empleada", factores que, a su criterio, permiten presumir que los imputados podrían intentar eludir la acción judicial ante una eventual condena de efectivo cumplimiento. Respecto del segundo riesgo, indicó "la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y la posibilidad de manipular documentación relevante".

"La medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso", concluyó la jueza en su resolución.

El esquema investigado tiene dos variantes principales. En algunos casos, los responsables de la concesionaria recibieron pagos totales en dólares por vehículos que nunca entregaron. En otros, tomaron automóviles de particulares en consignación para venderlos, concretaron la operación y no transfirieron el producido a los dueños originales.

Entre las víctimas identificadas en el expediente figura una persona que entregó una camioneta Ford Ranger Raptor para su venta en consignación sin firmar el formulario de transferencia de dominio. Los imputados vendieron el vehículo y desviaron los fondos sin rendir cuentas. Otro damnificado transfirió 29.000 dólares por un automóvil que tampoco recibió. Un tercer caso involucra un Ford Mustang 2022 que su propietario cedió para exhibición en el salón, con la expectativa de recuperarlo o recibir un vehículo de valor equivalente; ante los reclamos, González le pedía que "lo bancara", según consta en la imputación.

González y Chamoles habían sido detenidos semanas atrás en su domicilio en el barrio privado Las Condes, en Pilar. Durante sus declaraciones indagatorias, ambos ofrecieron una explicación sobre el origen de los incumplimientos. González describió un "descalce financiero" que cifró en 6.000.000 de dólares, atribuido a una retracción de ventas y a una corrida de inversores por 3.000.000 de dólares. Chamoles, por su parte, aseguró tener documentados pagarés impagos de clientes por entre 500.000 y 600.000 dólares.

El negocio, según el relato de González, llegó a comercializar cien vehículos por mes antes de entrar en crisis. La concesionaria operaba en la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en la localidad de Manuel Alberti, y apuntaba a un segmento de clientes de alto poder adquisitivo.

¿Cuántas víctimas terminará contando el expediente cuando concluya la etapa de instrucción?